¿Inconforme con actos administrativos?

Cuando un particular encuentra que un Acto Administrativo de una entidad del Estado  que lo perjudica porque produce efectos jurídicos que modifican o extinguen sus derechos adquiridos,  puede y debe   manifestar su inconformidad  oponiéndose al acto a través de recursos y acciones propias del Derecho Público,  con el fin de estudiar  si  es procedente su impugnación.

Veamos primero que es un Acto Administrativo.  Hay muchas definiciones, pero una de las más concisas es  la del Dr. Antonio Royo Villanova, escritor, político y catedrático español, que dice: 

“El Acto Administrativo es un hecho juridico emanado de una autoridad o funcionario competente, que se concreta en una declaración escrita, que afecta positiva o negativamente derechos de personas individuales o colectivas que tienen relación con la Administración Pública”.

Otra definición es la de Zanobini: “Acto Administrativo es la declaración unilateral de voluntad, deseo, conocimiento o juicio, formulado por un sujeto de la Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa”

La administración pública tiene como objetivo satisfacer los  intereses colectivos. Por ello, cualquier órgano del Estado  que emana de Actos Administrativos en ejercicio de su actividad y los sustenta con su potestad o competencia en la materia. Esos Actos Administrativos  tienen por objeto reglamentar la adquisición, modificación o extinción de diferentes derechos u obligaciones de personas individuales o colectivas y esos actos se caracterizan por producir efectos jurídicos imperativos para el o los  destinatarios.

Ejemplos de Actos Administrativos son:Otorgar una concesión,otorgar contratos de suministros ( ej: Contratos de alimentación en las prisiones),otorgar contratos de ejecución de obras públicas ( ej: construcción de la Ruta del Sol), otorgar licencias ambientales,definir rutas de transporte público y Nnombramientos de empleados o servidores públicos o su declaración de insubsistencia, cuando estos son de libre nombramiento y remoción.

También son Actos Administrativos aquellos que reconocen el derecho a disfrutar de la pensión de jubilación o los que ordenan inscribir un funcionario en la carrera administrativa y muchos mas.

 

Obviamente el Gobierno o la entidad gubernamental que expide un Acto Administrativo está obligado a hacerlo conocer de su o sus destinatarios por medio de la Publicidad oficial.

Uno de los principios democráticos de todo Estado de Derecho es el de permitir que cualquier persona interesada, esté enterada del funcionamiento y actividades de sus organismos. ( art.3, numeral 9 de Codigo de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y elevado a rango constitucional en el artículo 209). Se excluyen cuando tienen una reserva legal. Art. 74 de la Carta Política : “ Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo en los casos que establezca la ley”

 La publicidad de las actividades ejercidas por las entidades estatales, es por eso un imperativo. El Acto Administrativo nace en el mismo momento en que se firma por el funcionario idóneo pero solo tiene fuerza vinculante cuando es dado a conocer a sus destinatarios y se pueda presumir que aquellos son conscientes de su contenido,  los puedan analizar , observar o impugnarlos a través de recursos y acciones definidos en la ley.

Esta publicidad se hace por la publicación en medios de comunicación masiva de alcance mas o menos amplio como diarios – Diario Oficial-, gacetas territoriales, boletines, avisos, volantes y medios radiofónicos o electrónicos. También se produce con la comunicación mediante la entrega personal o el envío en el correo de un oficio o mensaje escrito. El Consejo de Estado avala la notificación por Correo Certificado. La notificación es la forma idónea para hacer conocer los Actos Administrativos que afectan solo a un particular, como la declaración de insubsistencia en un cargo oficial.

Por ello haga valer sus derechos otorgados por la ley, cuando sienta que algunos de ellos han sido vulnerados por un Acto Administrativo o este le establezca restricciones en el uso de esos derechos ya adquiridos.