Acción de Reparación Directa.

Todas las personas tienen derecho  a la protección y aplicación de sus derechos, aún en contra de las entidades públicas. En la Carta Política se hallan establecidas  un número de acciones constitucionales  para ejercer en el sistema judicial. Definiremos la acción como aquella facultad que tiene toda persona  para acudir ante los organismos jurisdiccionales del Estado para reclamar, ante estos órganos,  una pretensión tendiente a pedir la satisfacción de un derecho o su reconocimiento y  en el caso de la acción de reparación directa, su pretensión  será el restablecimiento de un derecho o la indemnización de perjuicios por el derecho perdido.

Esta Acción de Reparación Directa concretamente  procede contra acciones u omisiones   de la administración pública, a través de  entidades del estado que de manera extracontractual afectan derechos  de los ciudadanos en las siguientes situaciones:

  1. Ocupaciones temporales o permanentes de inmuebles por parte del Estado.
  2. Hecho administrativo.
  3. Omisión administrativa.
  4. Detención arbitraria.
  5. Defectuoso funcionamiento de la justicia.

Una vez que esta acción  con  su  fundamentación  probatoria que la sustente y busque la responsabilidad extracontractual del estado, se podrán exigir los perjuicios causados al  demandante en el caso concreto. Por daño, se entenderá aquella lesión definitiva cierta y presente o futura y determinable, sobre un derecho  a un interés legítimo, que hay  que remediar. Los daños pueden ser de las siguientes clases: daños materiales, daños morales, daño a la vida en relación, daño emergente y lucro cesante. Estos daños serán reparables en la medida en que se cumplan con los criterios normativos, prácticos y valorativos. El criterio normativo nos indica, que ese daño constituido por la mala actuación de la administración,  debe ser reparado por ley. El criterio práctico, cuando los fallos de los jueces o jurisprudencia del Consejo de Estado nos indican que esos perjuicios ocasionados tienen que ser reparados y el criterio valorativo   aquella pauta que  por la gravedad del daño su reparación es obligatoria.El estado  no responderá por los daños causados cuando se presenten causales de exoneración de la responsabilidad:

  1. Caso fortuito.
  2. Fuerza mayor.
  3. Actuación dolosa o culposa del administrado.

Esta acción de lo contencioso administrativo tiene una serie de características que la diferencian de las demás acciones administrativas y constitucionales, las cuales serán expuestas a continuación:

  1. La acción de reparación directa es  desistible por quien la interpone.
  2. Tiene como prerrequisito de interposición en el proceso administrativo, el agotamiento del mecanismo de solución de conflictos, la conciliación.
  3. El titular de la acción, es decir, quien la interpone es el mismo damnificado, sus familiares, cónyuges o hijos.
  4. Tiene una caducidad de 2 años.

 Por ultimo tendremos que precisar el término de   caducidad. Por caducidad, se comprende como  el tiempo en el cual  la persona está facultada para  requerir al Estado, a través de la acción de reparación directa. Este término  comienza a contabilizarse a partir de que el damnificado  se da cuenta que el daño ocasionado es producto de la acción u omisión del Estado.

En el caso de las ocupaciones temporales o permanentes por parte del Estado, este tiempo de caducidad de la acción de reparación directa,  comienza  una vez  que el Estado  deja de ocupar el bien inmueble en el que se hallaba. El ejemplo más dramático y de alta ocurrencia en el país, por la mala preparación de los jueces de garantías, resulta cuando un reo  es retenido  aparentemente de  manera justificada y al cesar su retención, este se da cuenta que su retención fue ilegal. Es a partir de ese momento que el reo o alguno de sus familiares pueden y deben encausar la  Acción de Reparación Directa contra el Estado, siempre asesorados de un abogado experto y confiable.

 

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