Ley estatutaria de salud da fin al paseo de la muerte.

Después de dos años de estudio y regulación a partir del pasado viernes 17 de febrero de 2017 entró en plena vigencia la LEY ESTATUTARIA DE SALUD ( Ley 1751) que  garantiza el derecho a la salud de toda la población colombiana y la define como un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Por eso se acabó el famoso “ paseo de la muerte” que hacía que pacientes con alto riesgo para su vida tuvieran que ir de hospital en hospital, buscando donde les prestarán el servicio de urgencias que necesitaban  y que les negaban, apoyándose en problemas de afiliación o de contratos con las EPS o exigiéndoles un pago previo con el que no contaban.

Ese es uno de los principales logros  de la Ley 1751 que remplaza al POS y que en adelante  regula y garantiza el derecho fundamental a la salud y exige que la atención médica se preste en forma oportuna, sin dilaciones, con igualdad en el trato, sin discriminación alguna  por razones económicas o particularidades socioculturales. Ahora  los 47 millones de colombianos tienen derecho pleno  a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de sus enfermedades  prestado por personal médico calificado y competente y sin posibilidad que se les niegue el servicio de URGENCIAS por falta de pago previo, de documentos o  afiliación a una EPS. Tampoco podrán las clínicas u hospitales  alegar problemas financieros o administrativos de ningún orden.

La ley garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para decidir libremente sobre el diagnóstico y el tratamiento adecuados a la condición de sus pacientes, guiándose únicamente por su criterio, basado en evidencia científica y teniendo en cuenta el marco de la ética y la auto regulación. Los actores del sistema deben respetar la confidencialidad de las historias médicas, las decisiones de los pacientes en cuanto realizarse o no ciertos procedimientos, donar o no sus órganos en caso de muerte y respetar asimismo las particularidades socioculturales de cada comunidad  como la de  los indígenas, quienes se rigen por su  Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural ( SISPI). Los niños y las niñas tienen derecho prevalente como lo ordena la Constitución Política, las víctimas de violencia sexual tendrán prioridad para obtener ayuda sicológica y siquiátrica y las víctimas del conflicto armado tendrán también atención psicosocial especial.

Como es un servicio público se ejecuta en todos sus estamentos bajo la supervisión y control del Estado por lo cual  se crea un régimen de sanciones definidas por el Congreso, para quienes la violen  por incumplimiento o negación de los servicios, pero los ciudadanos pueden continuar recurriendo a la TUTELA cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Por otra parte el Estado intervendrá para fijar el precio de los medicamentos y les prohíbe expresamente a los laboratorios, productores o distribuidores hacer regalos o dar prebendas a los profesionales de la salud, para promocionar sus productos.

Existen sin embargo algunos procedimientos médicos que  No están cubiertos  y están claramente relacionados en el texto: - todos los procedimientos cosméticos, los que no tengan evidencia científica de su efectividad, los que no fueron autorizados por autoridad competente, los que aún están en fase experimental y los que se hayan realizado en el exterior.

 Esta Ley fue presentada en su propuesta original por La Gran Junta Médica, fue legislada por el Senado y la Cámara. El Sistema de Salud comprende todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y las que poseen la información  o controles del Estado para que el sistema funcione correctamente. El Ministerio de Salud y Protección Social recopilará los datos sobre los componentes demográficos, socioeconómicos, clínicos administrativos y financieros generados por todos los actores involucrados en el Sistema.

Por otra parte la Ley  adopta políticas que permiten la financiación sostenible de los recursos económicos del sistema, los cuales son inembargables y no podrán trasladarse a fines diferentes de la salud.  Sin embargo altas autoridades, como el Dr. Jaime Arias presidente de ACEMI y el Dr. Ricardo Navarro presidente de (ACSC) Asociación de Sociedades Científicas, creen que los costos adicionales podrían ser de más de 2 billones de pesos y que el Estado no está debidamente preparado para este gasto.