¿Reclamos a entidades de servicios públicos domiciliarios?

La relación entre los hogares y   las compañías que prestan  los servicios públicos  domiciliarios  a más de un colombiano le han producido  dolor de cabeza,  sea con la operadora del acueducto, con condesa y con  gas natural. Es la administración pública quien  directa ,indirecta o a traves de privados  brinda  estos servicios.  Actividad  regulada por la jurisdicción administrativa  la cual garantiza a los colombianos  la satisfacción de sus derechos fundamentales y el derecho a una vivienda digna.  Según la última encuesta  realizada por   la  superintendencia de servicios públicos en el 2015,  los servicios públicos con más reclamos fueron: 46% servicio de energía,  28% servicio de acueducto, gas 3% y entre 5 y 7%  aseo y alcantarillado.

La prestación de  servicios públicos como se ha dicho anteriormente,  es una actividad del estado  por medio  de la cual se garantizan los derechos sociales. Estos servicios son inherentes a la finalidad estatal y la ley  fija  los servicios y a cargo de quien se prestaran. También, el Estado intervendrá por mandado legal  en las actividades de servicios públicos  con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Los servicios públicos  brindados por la administración serán manejados de manera directa o indirecta por la administración pública. Directamente cuando es el Estado quien los facilita. Sera indirectamente cuando  el servicio público es prestado por un particular concesionado  por la administración pública.  

El control e intervención del estado en este ámbito es a través del derecho administrativo sobre el cual   en esta materia se ha consolidado un  régimen unificado.  Es vital para el control estatal saber la naturaleza jurídica de la entidad que presta servicios públicos   a través  actos , contratos , establece relaciones laborales y posee bienes. Para ello se establecieron regímenes especiales que son los siguientes:

  1. Régimen de los actos.

Si el acto  proviene de un privado, empresa concesionada,  la controversia se puede dirimir ante la jurisdicción ordinaria pero si la controversia  deriva de una entidad pública prestadora del servicio  se seguirá por la jurisdicción contenciosa administrativa.

  1. Régimen de contratos.

Igualmente si el contrato es  realizado por una entidad pública  se regulara y controlara por medio del régimen especial de contratación pública. De lo contrario si el contrato es perfeccionado por una empresa concesionada  este contrato será regulado por  las normas del código civil y código de comercio.

La primera instancia para la solución de la inconformidad de los colombianos   es la  Superintendencia de servicios    públicos  quien  en el año 2015 resolvió  91% de las reclamaciones de manera satisfactoria ganándose la reputación de ser un organismo actualmente eficiente.  Es intención de este articulo  mostrarle cuales son las vías  jurisdiccionales para hacer efectivos sus derechos.

Cabe concluir que para  resolver controversias sobre servicios publico hay dos vías  por la vía de lo contencioso administrativo  a través de una demanda administrativa cuando la entidad prestadora del servicio es estatal  y  por vía de la jurisdicción ordinaria cuando  la prestadora de servicios es un privado concesionado. Sin embargo la forma más expedita para resolver problemas  de servicios públicos domiciliarios  son: quejas ante la superintendencia de servicios , derecho de petición y por ultimo instaurando una tutela solo cuando se vulneran derechos fundamentales.

El derecho de petición  es una herramienta muy oportuna cuando  el problema  radica en contra de ante una entidad pública prestadora de servicio pues la entidad  estará obligada a responder su petición en un término de 15 dias. Si el término se vence  existe un plazo de  48 horas para que le  brinden la razón de su  omisión a la contestación. Adicionalmente, en caso de que la entidad no brinde ninguna  respuesta pasado este último término procederá una acción de tutela.

Finalmente, cabe recordar  que la acción de tutela  puede accionarse como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando se pretenda proteger derechos colectivos  y  cuando se vulnere  un derecho fundamental.