Requisitos para acceder a la ley de insolvencia persona natural no comerciante

Las personas naturales no comerciantes que se encuentren en dificultades económicas para cumplir sus obligaciones dinerarias o crediticias podrán acogerse a la ley de insolvencia o quiebra, con el fin de llegar a un acuerdo con sus acreedores ya sea renegociando o restructurando sus deudas, esto teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1564 de 2012 título IV del artículo 531 al 576 por medio de las siguientes acciones:

  1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias.
  2. Convalidar acuerdos privados a los que llegue con los acreedores.
  3. Liquidar su patrimonio.

En el primer caso (1.), solo podrán iniciar este proceso las personas que cumplan una de estas condiciones:

  1. Estar en mora respecto de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días.
  2. Tener en su contra dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En los dos casos anteriores, el valor de las deudas u obligaciones que se pretendan acoger al procedimiento de insolvencia, deben representar como mínimo el 50% del total de las deudas o pasivos de la persona natural.

En el segundo evento (2.) podrá tramitarlo aquella persona que esté en cesación de pagos dentro de los siguientes 120 días, podrá solicitar que se convalide el acuerdo privado que hubiere celebrado con un número plural de acreedores que representen más del sesenta por ciento (60%) del monto total del capital de sus obligaciones.

Y finalmente, el tercer caso (3.) La liquidación patrimonial del deudor persona natural no comerciante se iniciará en los siguientes eventos:

  1. Por fracaso de la negociación del acuerdo de pago.
  2. Como consecuencia de la nulidad del acuerdo de pago o de su reforma, declarada en el trámite de impugnación previsto en este Título.
  3. Por incumplimiento del acuerdo de pago.

Así pues, la norma estipula las disposiciones generales, ámbito de aplicación, competencia, jurisdicción, tarifas, facultades y funciones de los conciliadores, procedimiento, documentos, requisitos, efectos y demás parámetros a seguir para tramitar cualquiera de las tres acciones anteriormente mencionadas y de esta forma ayudar a quienes no cuenten con las condiciones económicas para cumplir con sus obligaciones crediticias y garantizar a las entidades o acreedores el cumplimiento de las mismas.